Sin libertad no hay educación

El pasado 2 de diciembre Jon Juaristi, escritor y profesor universitario, y Luis Centeno, Secretario General adjunto en Escuelas Católicas, dialogan en el colegio Nicoli con ocasión de la presentación pública del manifiesto de Scholaris “Sin libertad no hay educación”. Guía el diálogo Juan R. de la Serna, Director del Colegio Internacional J. H. Newman.

Pretendemos comenzar una serie de diálogos que nos permita expresar la pluralidad y belleza de la vida democrática. No se trata de la defensa de las propias iniciativas o de la escuela concertada sino de custodiar un bien social”, señalaba Juan R. de la Serna al inicio del acto. “Qué es educar; a quién le corresponde educar; cuál es el papel del Estado; cuál es el valor de la pluralidad educativa. Estas son algunas de las cuestiones de fondo que hemos querido afrontar y que hoy ponemos también encima de la mesa”.

Es una ley partidista. No es una ley de consenso. Esto choca con el espíritu de la Constitución, que era de consenso, no de partidos” afirmó con contundencia Jon Juaristi al inicio del encuentro refiriéndose a la Ley Celaá. “Esta ley supone un grave daño al derecho de elección de las familias. Al regular la programación de puestos escolares gratuitos, hace que no se tengan en cuenta las preferencias de las familias. En muchas Comunidades Autónomas (Valencia, Aragón, La Rioja, etc.) se han ido cerrando unidades concertadas y la LOMLOE da carta de naturaleza a esta tendencia (…). La pluralidad de oferta implica una gran riqueza. No se puede elegir entre lo igual. La Escuela Pública debe funcionar con calidad, pero no a costa de la Concertada”, afirmó Luis Centeno.

La pluralidad de oferta implica una gran riqueza. No se puede elegir entre lo igual. La Escuela Pública debe funcionar con calidad, pero no a costa de la Concertada

Luis Centeno

No puede haber educación sin libertad. Habría adoctrinamiento o instrucción pero no educación (…). El modelo de la escuela concertada favorece que exista la pluralidad necesaria para que las familias escojan la educación que quieren ofrecer a sus hijos. (…) El sistema de conciertos favoreció que los colegios concertados no fueran colegios de élite. (…) Si en algún caso alguna escuela concertada funciona como una privada encubierta se deberá perseguir esta práctica, pero esto no justifica el debilitamiento de la escuela concertada, señaló Luis Centeno. “¿Por qué esta hostilidad a la diversidad? Tendemos a confundir igualdad con uniformidad”, indicó Jon Juaristi. “El principio de Subsidiariedad –fundamental en todos los estados liberales- se está debilitando. Es muy grave porque dicho principio supone una necesaria prevención frente al Estado. Hemos tendido a confundir servicio público con sector público”.

En relación con el papel que juega la identidad en la escuela, Juaristi afirmó que “la educación es fundamentalmente conversación. Y esto implica siempre la ausencia de neutralidad. (…) Todos sabemos que hay ideología en la escuela pública y en la universidad”. Al hilo de esta cuestión, Centenó concluyó: “Por eso se exige que haya pluralidad de modelos, de titularidad pública y privada”. “Por esta razón el planteamiento de la ley es discriminatorio con las clases más modestas, porque son las que no tendrán posibilidad de elección si se debilita la demanda social”.

La educación es fundamentalmente conversación. Y esto implica siempre la ausencia de neutralidad

Jon Juaristi

Para concluir este primer encuentro, Juan R. de la Serna indicó que “este diálogo ha servido para señalar aspectos valiosos sobre los que seguiremos conversando. La sociedad no puede quedar fuera de juego. Debe ser protagonista”. Con este diálogo hemos inaugurado el canal de youtube de Scholaris, desde el que subiremos otras entrevistas e intervenciones. 

2 comentarios en “Sin libertad no hay educación”

  1. Hola, DE TODAS LAS PREGUNTAS que despertaron en mí los encuentros «Jaque a la libertad de educación. Consecuencias de la Ley Celáa» (Barcelona, noviembre 2020) y «No hay educación sin libertad» (Madrid, diciembre 2020), y después de comentarlas y discutirlas con algunos amigos (con los que he aprendido muchísimo, y espero seguir aprendiendo), ME CENTRARÉ SÓLO EN LAS DE CARÁCTER JURÍDICO-POLÍTICO, ya que el debate se enmarca en una campaña política contra la Ley Celáa. Insisto en esto: dejo a un lado el tema educativo (que es clave), y me centro en el jurídico político a propósito:

    1. En relación con el juicio de David Córdoba (“tenemos una sociedad civil adormecida, que no participa, que lleva 20 años sin moverse”), creo que no es del todo exacto, que no da en el clavo de lo que está pasando ahora: nuestra sociedad está sobre todo fragmentada. No es lo mismo despertar a una sociedad adormecida, cómoda y apoltronada, que a una sociedad dividida, crispada y polarizada. En este caso, despertar fácilmente tiende a coincidir con azuzar, y a provocar el aumento de la crispación y la división.

    ¿Qué aprendimos de las manifestaciones en la época de Zapatero? Si queremos ser concretos y tener en cuenta el momento histórico que vivimos, nos debería preocupar más encontrar puentes y acuerdos, apostar por lo que dé cohesión y facilite que los que pensamos diferente vivamos juntos, construyamos juntos, aprendamos la amistad social que Scola, el Papa y Julián subrayan como lo más necesario en este momento.

    2. David Córdoba insistió en que “a mayor legitimidad social, mayor capacidad de influencia”. ¿Qué legitimidad real tienen las asociaciones y patronales de la escuela concertada, qué concienciación hay entre los padres, profesores y alumnos de la concertada del bien que supone ésta y su fundamento (el ideario)? ¿Qué trabajo a largo y medio plazo es preciso hacer con las patronales?

    3. David Córdoba denunció el daño enorme que provoca la ideologización del debate y llamó a discernir el ruido de los hechos y a reconocer que el sistema educativo español funciona, que la concertada está y cumple un papel clave. Hasta ahí, de acuerdo, pero ¿no es un tanto ingenuo pensar que en los próximos 2 meses (la fase del Senado) vamos a conseguir algo (siempre a nivel jurídico-político, legal)? El reclamó a “hacer hincapié en la fuerza de los datos, en visibilizarlos y difundir un mensaje propositivo, proactivo, no reactivo y a la defensiva”. ¡Esto es importantísimo! Pero: ¿está siendo así la campaña? Moverse es mejor que apoltronarse, y por tanto algo a agradecer, pero además de moverse hay que hacer un juicio sobre lo que provoca nuestro movimiento, aprender de lo que pasa, ver si ha servido o no y en qué sentido, que reacciones ha generado, si nos permite hacer un trabajo con el otro o nos distancia de él, si nos beneficia y beneficia a todos o nos perjudica, etc.

    4. Cuando reivindicamos la libertad de educación (o, en términos jurídicos precisos, la libertad de enseñanza), a veces perdemos de vista que debemos librar la batalla por la libertad tanto en la escuela de iniciativa social, como en la escuela de iniciativa estatal. Creo que es muy importante mostrar que nos importa el sistema educativo entero, la calidad de la enseñanza que se presta en todos los colegios, sean o no de titularidad estatal, que defendemos y consideramos la libertad como un bien común, que beneficia, por tanto, a todos. No sólo que la escuela concertada es un bien común, sino que la libertad de enseñanza, en todas sus concreciones o manifestaciones, debe afectar a la llamada escuela pública. En este sentido, ¿cómo podemos contribuir a una mayor autonomía de los centros, tanto de los concertados como de los públicos? La ley parece querer promoverla, al menos en principio: ¿cómo hacerla real y efectiva en la práctica?

    5. Cuando preguntamos a quién le corresponde educar, parece que damos por descontado, como algo evidente para todos, que corresponde a los padres. Creo que el problema del papel de Estado en materia de educación y sus límites (entre otras cosas, por el respeto que debe a los derechos de los padres) es más complejo.
    Muchos padres, no sé si mayoría o no, se sienten más impotentes que otra cosa en relación con la educación de sus hijos o, por lo menos, han dejado de educarlos. Tampoco su participación en la vida del colegio es significativa, suele ser muy escasa. En la población más marginal (a la que debemos tener en cuenta, como nos recuerda el Papa), además, los padres a menudo son parte del problema, no de la solución. No podemos criticar la ley, que es para todos, teniendo en cuenta sólo nuestra experiencia, sino que debemos mirar la realidad de las familias españolas, de las distintas CCAA, del conjunto.
    Restán planteó bien este asunto el su prólogo al libro de Glenn, El mito de la escuela pública. ¿Cómo conseguir que se entiendan las dos posturas enfrentadas desde la creación del Estado moderno y, luego, de los sistemas educativos contemporáneos, y lograr el equilibrio entre el interés del menor, los derechos de los padres y la responsabilidad del Estado?

    6. Juan Ramón dijo algo clave: “creo que sí se podría avanzar más en el pacto educativo si hubiera una experiencia educativa más sólida” (en relación con los que afirman que el único pacto educativo en España es el art. 27 CE y no cabe mejorarlo ni ampliarlo).

    Mi pregunta sería: ¿es que hay tal experiencia educativa sólida? ¿hay en España una sociedad civil madura capaz de lograr un pacto educativo que descienda de los principios generales, ambiguos y en tensión, de la Constitución, a acuerdos concretos sobre los contenidos curriculares, sobre la financiación de las escuelas de interés público (tanto “públicas” como concertadas), sobre el abuso de las cuotas en algunos colegios concertados, sobre el problema de la segregación y la equidad, etc.? ¿Qué es realista esperar de nuestro mundo actual, confundido, apático, cansado y aturdido? ¿qué adultos están hoy a la altura del desafío que supone el nihilismo? Por ejemplo, ¿qué Asociaciones de padres funcionan?

    7. También se habló del principio de subsidiariedad y de una perversión del mismo, que consiste en darle la vuelta (en el encuentro de Barcelona y en el de Madrid). Otro tema clave y más complejo de lo que a veces creemos (por lo menos, de lo que creía yo, antes de confrontarme con otras personas y escuchar otros puntos de vista).

    Andrés Contreras me sugirió que deberíamos reformular el principio de subsidiariedad a la vista de las lecciones aprendidas en la crisis financiera de 2009. Le había sido muy útil la lectura del libro de Fernando de Haro, La ventaja de mirar insistentemente a una lata de sopa, en el que afirma:
    “En el caso de la educación, donde existe un sólido sistema de conciertos, los adjudicatarios, según algunos estudios, deberían corregir una posible segregación económica provocada por la enseñanza. No sirve oponer a la ideología estatalista una ideología liberal que, sin datos, y sin comprobar resultados, exalte como valor casi absoluto la externalización porque, en principio, sustituye el monopolio del Gobierno, promueve la eficiencia mediante la competencia, y ofrece a los ciudadanos una mayor elección en un contexto de mercado. Nos encontramos con argumentos teóricos en favor o en contra de la privatización en la provisión de servicios públicos, cuando no disponemos de datos fiables. Mientras analizamos los datos empíricos, por lo menos, podemos estar sobre aviso de algunos relatos altamente ideologizados. (…) Hay todo un mundo por debatir, medir, explorar y concretar en el campo de una subsidiariedad práctica que haría efectivo la existencia de un mejor Estado en favor de la sociedad”, p. 63.
    En similares términos habla el Papa en el punto 167 de la Fratelli Tutti.

    ¿Qué nos dice un reclamo así?

    8. En relación con la pregunta anterior, Juan Ramón hizo otra afirmación que comparto plenamente: “no hay educación sin identidad”. Dado que estamos debatiendo sobre una ley concreta, no sobre lo que es educar, me limito a la concreción jurídica de esa tesis clave: el ideario, verdadero fundamento de la escuela de iniciativa social.

    Pregunta: ¿qué padres eligen el centro motivados por el ideario (y no por motivos socio-económicos o académicos)? ¿qué dicen los estudios sobre los criterios prioritarios que llevan a las familias a elegir un centro u otro? ¿cuántos padres que llevan a sus hijos a colegios concertados religiosos comparten su ideario?

    9. Centeno insistió en que “cabe conjugar libertad y equidad, sin eliminar la excelencia ni igualar por abajo”. Andrés Contreras nos transmite desde el Ministerio que la lucha contra la segregación y la promoción de la equidad son esenciales. Hay socialistas que admiten que “el problema no es la concertada, sino la segregación, la falta de igualdad de oportunidades”. ¿Cómo podemos cooperar desde todos los colegios, superando el antagonismo escuela pública (estatal, neutral, plural) vs. escuela concertada (privada, adoctrinadora, selectiva y elitista)?

    Cuando exigimos la equiparación de financiación, enseguida nos responden: sí, pero en igualdad de condiciones (régimen laboral de los empleados, cobro de cuotas voluntarias, porcentajes de reparto de los alumnos con necesidades especiales, poblaciones con alta concentración de población desfavorecida, etc.) Es algo que Alfonso Aguiló, entre otros muchos que estiman a la escuela de iniciativa social, subraya: no cabe pedir financiación estatal sin estar dispuestos a colaborar con las necesidades de la sociedad, sin cooperar con el Estado y su responsabilidad. Me surgen dudas relacionadas con el régimen funcionarial de los profesores de la pública (y sus consecuencias en la motivación, el rendimiento, la rendición de cuentas y la calidad de la enseñanza impartida en muchos centros de titularidad estatal) y con la falta de autonomía de TODOS los centros (aspecto en el que Celáa quiere avanzar).

    ¿No nos conviene a los católicos mostrar nuestro interés por salir al encuentro de los más desfavorecidos, por destinar más energías a la educación de los chavales más perdidos? La labor de Bocatas, CESAL, Familias para la Acogida, Banco de alimentos, Un inicio para todos, etc. enseguida suscita aprecio en todos, ciudadanos y gobernantes. ¿Cómo podemos hacerlo también en el campo educativo?

    10. Centeno criticó a Podemos por pretender reducir la libertad de enseñanza a las élites de los colegios privados, y afirmó que las congregaciones religiosas decidieron en 1985 entrar en el régimen de conciertos precisamente para no ser centros de élite, sino de interés público, para todos. A mí, que he estudiado la historia de España, en concreto del sistema educativo y la postura de la Iglesia a lo largo de los siglos XIX y XX, me extraña mucho, aunque puedo estar equivocada. En todo caso, no estudié ese capítulo concreto de la historia de los conciertos. ¿No se opuso la Iglesia, más bien, hasta que no le quedó más remedio que acceder a la solución dada por los socialistas?

    11. Centeno denunció el ataque de la LOMLOE a los derechos de las familias que supone eliminar la demanda social como criterio de selección del centro: “no tener en cuenta la demanda social, las prioridades de las familias, es dejar en manos de la Administración el cerrar líneas de las escuelas concertadas. La Ley permite que se haga esto, como ya se ha hecho en Aragón (por imposición de Podemos) y ahora en La Rioja: se cierran unidades de las concertadas porque la pública está vacía y se la quiere favorecer. Hasta ahora ganábamos los juicios, pero ahora, con esta Ley, no podremos”, dijo, más o menos.

    Lo entiendo, yo misma lo he sostenido, pero también creo que es un asunto más complejo. El TC en 1985 ya dejó claro que los recursos educativos no han de ir incondicionalmente allí donde vayan las preferencias individuales, que no existe el derecho subjetivo al concierto. No hay una única posición entre los defensores de la concertada en este tema peliagudo del fundamento de la financiación a las escuelas no estatales. Sí es claro que el derecho de los padres a elegir el centro al que enviar a sus hijos no es absoluto, como no lo es ningún derecho fundamental. También que hay otros factores a tener en cuenta (por ejemplo, la igualdad de oportunidades y la equidad, en la lucha contra la segregación, es un criterio legítimo para limitar el derecho de los padres a la elección de centro). Si nos espanta la lógica estatalista, no podemos bajar la guardia frente a lógica capitalista, y menos en un ámbito decisivo como el de la educación de los niños y jóvenes. ¿Cómo podemos compaginar la libre elección de centro por parte de las familias (que la demanda social sea un criterio a la hora de concertar un centro o una línea) con el compromiso efectivo con los más desfavorecidos por parte de los colegios concertados?

    12. Centeno no evitó el tema de las cuotas, que prefirió llamar aportaciones o donaciones voluntarias y dijo que, allí donde se producen, es porque los padres se han enterado de que el concierto no cubre el coste real del puesto escolar y quieren contribuir libre y voluntariamente a financiarlo y, así, mejorar la calidad de la enseñanza del colegio de sus hijos. Y llamó a denunciar los colegios concertados donde se obligue a pagar tales cuotas, si los hay, pero sin generalizar y culpar a todos.

    En relación con las cuotas, así como con el cobro del comedor, autobús, excursiones, actividades escolares, etc., ¿de qué manera se puede evitar que se convierta, aunque sea involuntariamente, en un factor disuasorio para las familias menos pudientes, o en motivo de clasismo o de falta de solidaridad? ¿Cómo se funciona en la pública en este tipo de actividades?

    13. Directa y estrechamente relacionado con lo anterior está el tema de la financiación de la concertada, como afirmó Juan Ramón: “vayamos a la raíz, al porqué de las cuotas”. Nosotros (yo la primera en mis articulillos) nos preguntamos: ¿no se resolvería el problema, si se determinara el coste real del puesto escolar y se financiara tanto en los colegios estatales como en los concertados, todos ellos públicos?

    Pero desde los equipos del Ministerio se afirma que algunos colegios concertados se han convertido en verdaderos negocios que producen grandes beneficios a sus titulares. Algunos los invierten en sus propios colegios (no hay más que ver en las instalaciones que tienen algunos concertados) pero también se lo llevan particulares para su propio beneficio (también legítimo). Habría que hablar con nuestros administradores sobre la sostenibilidad actual de los centros concertados. La Privada acusa a la concertada de “competencia desleal”. El gasto por alumno en la concertada (si se tiene en cuenta la aportación estatal y la privada de las familias) es mayor que el gasto por alumno en la pública (aunque es mayor la aportación estatal, no cuenta con ninguna aportación privada). España es uno de los países de la OCDE donde el gasto privado en educación es mayor (especialmente en la educación infantil y en la superior) y donde el gasto público en educación en porcentaje del PIB es menor (4%), parecido al de Italia, pero muy lejos de los nórdicos y asiáticos, que están por el 8 %.

    Son todas preguntas que hago desde lo poco que sé, por haber estudiado un poco estos temas, y por lo que estoy aprendiendo con muchos de vosotros, con el único deseo de entrar en diálogo, de dejarme corregir por los amigos y por cuantos no estén en absoluto de acuerdo con el manifiesto, ni con lo que digo yo en estas reflexiones/preguntas.

    Mil gracias por vuestra iniciativa, Ana

  2. Nacho de los Reyes

    Muchísimas gracias Ana,

    Ahí va mi contribución, para seguir el diálogo.

    ***
    A los comentarios de Ana

    1. Hay una manera de “despertar” que puede tener la forma de la crispación. Pero la cuestión de si la sociedad está o no despierta sigue siendo una pregunta válida. Es posible que esté adormecida y que lo siga estando a pesar de ciertos movimientos esporádicos.
    Buscar puentes y acuerdos es fundamental, en la vida social y en el entramado político, pero no hay que ser ingenuos. Respecto del asunto de la concertada, sería interesante entender si ha habido algún intento de diálogo por parte de los que han hecho la ley. Todo el trabajo del pacto educativo quedó en el olvido y no hubo voluntad política de continuarlo. Quizás debido a ciertas líneas rojas. En cualquier caso la sociedad no ha percibido de ninguna manera, y respecto de muchos aspectos tratados por la ley, (concertada, ed. especial, asignatura de religión, lugar de la filosofía, etc.) que se haya dado esta voluntad de diálogo o escucha activa. Esto no justifica la imposibilidad del diálogo, pero tampoco se excluye por ello la posibilidad de la crítica, que también será ocasión de pasos y acuerdos ulteriores; siempre y cuando haya capacidad de escucha y capacidad autocrítica. Por otro lado, respecto del quehacer político (entendido en un sentido muy amplio, que nos afecta a todos), ¿qué sería la amistad social? No -desde luego- el deseo de destruir al otro; pero tampoco de anular las diferencias. Y las diferencias, obviamente -y ¡menos mal!, existen.

    2. Es una cuestión amplia, y una pregunta interesante. Hay una legitimidad formal y otra informal. Pero las dos se entremezclan. No siempre los profesores, las familias o los alumnos son plenamente conscientes de la identidad del lugar al que pertenecen. Lo mismo sucede con cualquier colectivo y sus miembros. Pero esto no resta legitimidad formal a dichas instituciones, sean las que sean, ni a su rol social y público. Puede suceder lo contrario: que una clara conciencia del bien que supone un colectivo o una propuesta identitaria convive con la falta de reconocimiento formal. Ambos escenarios son posibles, pero ninguno de ellos justifica el necesario debilitamiento de una legitimidad social. Al contrario. En el primer caso, se justifica porque la demanda a determinados servicios sigue viva (y eso expresa además la riqueza de la pluralidad); en el segundo, en que la incidencia social (y el bien que ello conlleve) exige o pide un reconocimiento formal.

    3. Evidentemente una “campaña” tiene sus dimensiones y límites. No creo que esto suponga un gran problema. La necesidad de esa reflexión y visibilización propositiva es algo absolutamente imprescindible. Se puede ver ocultada por un frenesí popular pero también un determinado contexto favorece dicha reflexión. Creo que están pasando ambas cosas: como ejemplo, este mismo diálogo u otros muchos que surgen aquí y allí.

    4. La libertad de educación no es solo libertad de un sector. Esto es claro. Pero no hay que darla por supuesto. En torno a esta discusión suele ponerse en entredicho la concertada, no la escuela estatal. Ahora bien, la posibilidad de proyectos de autonomía es algo esencial, también en esta última. La ausencia de estos proyectos es una de las raíces fundamentales de su debilidad actual. Por qué no se hayan favorecido, contando con medios y posibilidades, es algo sobre lo que hay que reflexionar. Pero también aquí hay un trasvase fundamental, de ideas y proyectos, entre la concertada y la escuela estatal. Por eso, la existencia de ambas es algo decisivo. “Autonomía” implica riesgo, implica salirse de la uniformidad, y esto es algo que no siempre es bien aceptado en el ámbito estatal.

    5. Se trata de un equilibrio. El Estado tiene una responsabilidad fundamental en la tarea educativa que no puede quedar descargada sin más en los padres. Y éstos, a su vez, no pueden descargar su responsabilidad en el Estado o en cualquier otra institución educativa. Ahora bien, este equilibrio se puede debilitar por varias razones. Creo que la más peligrosa es que el Estado quiera convertirse en el principal actor, ensanchando en exceso, por ejemplo, los contenidos que deben enseñarse de manera obligatoria; o debilitando las escuelas de iniciativa social. Por supuesto, el Estado debe proporcionar los instrumentos necesarios para que un menor no quede desprotegido y se salvaguarde su derecho a la instrucción, etc., pero esto no significa que el estado deba sustituir sistemáticamente el protagonismo de los padres. No tiene sentido, desde luego, plantear como norma una contraposición, pero es necesario pronunciarse sobre el papel que deben tener los padres y la sociedad civil: en la capacidad de generar nuevas instituciones y propuestas o en la capacidad de escoger las que más se acerquen a su ideal educativo. Pero es importante aclarar otra cosa: promover la iniciativa de los padres no implica debilitar el papel del estado. Creo que esta una falsa contraposición. Se trata siempre de una colaboración. Los padres no pueden por sí mismos asegurar una entera estructura educativa; y el estado, por su parte, debe asegurar que todo el mundo pueda recibir una educación de calidad. No son intereses contrapuestos.

    6. El pacto educativo en este momento se hace impensable, sobre todo porque hay ciertas posturas que lo hacen inviable (líneas rojas, cuestiones eminentemente ideológicas, difíciles de aparcar). Pero mientras tanto, el entero sistema se desploma. La causa de ese debilitamiento se debe fundamentalmente a la pobreza de la experiencia educativa que las distintas leyes educativas han venido reflejando y promoviendo: desaparición de la cultura, empobrecimiento del lenguaje, falta de formación del profesorado, ausencia de sujetos y espacios auténticamente educativos, etc. De todo esto se ha discutido poco, y sin embargo constituye la raíz de la crisis educativa que vivimos. Pero nada de ello se puede resolver con una “genial” ley educativa, mucho menos con una ley sin consenso. Ante esta situación, no es el Estado el que tiene que hacerse fuerte. Y si quiere plantear algo mínimamente sólido y estable, lo debe hacer en diálogo con todas las realidades educativas, sin querer ahogar a ninguna. Por mucha debilidad cultural que exista, hay mucha más riqueza educativa en en el seno de la sociedad que en los despachos del gobierno, sea cual sea.

    7. No creo que tengamos que reformular el principio de subsidiariedad. Lo que tenemos que favorecer es que se cumpla de manera íntegra y responsable, lo cual está en su propia raíz. La subsidiariedad no tiene la finalidad de conseguir el éxito o el poder de algunos en contra de otros, mucho menos del bien común. Afirmar el bien que implica la iniciativa social no es el punto de llegada. De la misma manera, afirmar el bien que es la educación pública no significa desentenderse de su éxito o de su fracaso. Comportamientos abusivos se pueden dar en cualquier realidad y espacio. La subsidiariedad implica favorecer la iniciativa social con la conciencia de que es fundamental para el bien común, como contribución original al todo. Y esto exige necesariamente una atención a los frutos: qué funciona y qué no funciona. Un primer filtro la escuela concertada lo encuentra en la demanda de los padres. Pero la misma pregunta ha de hacerse en relación con la estructura estatal. Pero ojo, lo que “funciona” o lo que no “funciona” no se puede determinar ideológicamente. Es necesario un recorrido, un trabajo común, una atención a multiplicidad de factores.

    8. El vínculo entre educación e identidad es algo sustancial. Una implica a la otra, y viceversa. Por ello, no atañe solo al “ideario” de ciertos centros. Allí donde hay educación se promueve una identidad, de múltiples formas. Y allí donde hay identidad, esta comunica una hipótesis educativa. Con esto quiero decir que “identidad” es un concepto muy amplio y que empapa todas las circunstancias de la vida escolar. Qué conciencia tienen los padres de las distintas propuestas de los centros educativos es algo difícil de medir, pero lo que es seguro es que su decisión está motivada de alguna manera, y que de alguna manera guarda una relación con lo que la escuela es y propone: proyecto y estilo educativo, formación académica, propuestas educativas, calidad de las instalaciones, tipo de claustro, etc. Preservar esta capacidad de decidir (aceptando que hay intereses y motivaciones dispares) es un bien que conviene cuidar.

    9. También aquí es importante no perder nada importante por el camino. Libertad, por un lado, y equidad, por otro. Evidentemente, hay un problema de financiación. La escuela concertada tiene que asumir y afrontar gastos importantes, en ocasiones vinculados con los propios edificios, etc. Cabría la posibilidad de pensar un marco en el que la concertada estuviera mucho más inserta en el sistema público pero esto supondría un desgaste económico brutal al aparato estatal. Reconocer esta independencia de la escuela concertada es posible por el ahorro importante que supone por cada plaza ofertada pero esto, como consecuencia, puede implicar “segregación” en algún caso. Identificar automáticamente escuela concertada con elitista tampoco es justo, evidentemente. En otro marco posible la escuela concertada se asemejaría más a la privada (como en el caso de Italia), pero esta perspectiva debilita la opción intermedia (como en el caso español), que implica probablemente un equilibrio pero no una imposibilidad. En cualquier caso, sería interesante afrontar este debate no desde la sospecha, sino del mutuo reconocimiento. Creo que permitiría establecer fórmulas de colaboración decisivas para explorar algunas de las sugerencias que propones.

    10. Sería interesante revisar ese capítulo, pero es evidente que la concertada ha favorecido esa posibilidad: la de atender a todos, con redes asistenciales y educativas absolutamente decisivas en nuestro contexto. Esto me parece muy importante porque no solo se trata del perfil del alumno o del perfil académico. Se trata también de la dimensión y consistencia de la propuesta educativa: la capacidad de ofrecer espacios y alternativas -más allá incluso del horario escolar- de ocio, cultura, caridad, etc. Y en esto no es difícil ver el bien que supone la escuela concertada. Desde este punto de vista, su existencia no sería la concesión de un privilegio, que aceptamos solo como un reducto en vistas de que desaparezca paulatinamente, sino el reconocimiento positivo de la función que ejerce en el contexto social. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta perspectiva, y quizás este desacuerdo esté en el origen de una cierta desafección hacia este tipo de iniciativas. Creo que esta es una cuestión muy importante porque en ocasiones se disfraza esta desafección con argumentos de tipo económico, cuando en el fondo hay un desacuerdo sobre la legitimidad de la escuela concertada en la ciudad común. Tampoco esto nos obliga a olvidarnos de los desajustes que se puedan generar en la escuela concertada (como he dicho en el punto anterior) pero si partimos de un reconocimiento entonces es más sencillo buscar soluciones. Si la escuela concertada se concibe en la raíz como un problema, entonces es normal que se aporten objeciones, más o menos explícitas.

    11. Creo que esta es la cuestión sobre la que hay que hilar más fino, porque en ella se centra la crítica fundamental de la campaña. El planteamiento que haces es claro. Respecto de las plazas, como criterio ideal diría lo siguiente: cualquier alumno que quiera estudiar en la pública debe encontrar la posibilidad de hacerlo, de la misma manera que debe acontecer con la concertada. O prevalece este criterio o prevalece un criterio formal: una organización administrativa que tienda a ofertar más plazas públicas paulatinamente, con independencia -se entiende-, de la elección de las familias. Si el modelo ideal es la escuela estatal y la escuela concertada es un reducto evitable, entonces es normal que el aparato estatal asuma la responsabilidad de querer ofertar cada vez más plazas públicas. Si el criterio es evitar que las familias que quieran acceder a la pública no puedan hacerlo, entonces prevalece el criterio de elección de las familias, y es fundamental salvaguardarlo. Pero entonces no es la administración la que unilateralmente plantee el reparto.
    Otra cosa distinta es la cuestión de los “desfavorecidos”. Es distinta porque que haya más plazas en la escuela pública no implica que haya menos desigualdad, o que la escuela concertada sea menos segregada. Los mecanismos para evitar esto último es de lo que hemos hablado en el punto 9. Sucedería más bien al contrario, que para favorecer la inclusión de esos alumnos en la escuela concertada sería necesario no cerrar líneas sino abrirlas (en la medida en que haya demanda y deseo de inclusión) y favorecer con financiación para que dichos alumnos puedan acceder a sus aulas sin impedimento.

    12. Respecto de las cuotas en muchos casos falta claridad y transparencia. En cualquier caso, es difícil que no sea un motivo disuasorio. A pesar de que son voluntarias y esto implica objetivamente que puedan no pagarse no es fácil que deje de concebirse como un filtro. La cuestión es cómo salvaguardar la pervivencia de la concertada con el sistema actual y el sistema voluntario de cuotas. El trabajo interesante que se hace desde muchas escuelas es aclarar por qué es importante el pago de dichas cuotas. En esta capacidad de dar razón -difícil pero interesante- del servicio que se ofrece y del coste (directo e indirecto) que genera se sitúa la delgada línea entre “clasismo” y bien social. Desde luego, una financiación extra por parte del Estado ayudaría a integrar aún más a todo tipo de alumnado, sin que esto suponga ahogar a la concertada. Puede que esta financiación no se dé pero entonces el riesgo de la segregación será más grande.

    13. Todo depende de cuánta libertad se quiera promover. Entiendo que a mayor esfuerzo económico por parte del Estado, más control y reglamentación. Con el marco actual creo que la sociedad se beneficia de las propuestas educativas promovidas por la escuela concertada. No hay que darlo por hecho, pero en un contexto de debilidad educativa (en resultados, contexto cultural, fracaso escolar, etc.) resulta fundamental que existan instituciones -apoyadas por el Estado- capaces de generar nuevas respuestas de manera creativa. No creo que por los “riesgos” o “malas prácticas” que puedan darse se deba limitar sistemáticamente esta creatividad (tanto en la escuela estatal como en la concertada). Esta capacidad, no simplemente de fiscalizar, sino fundamentalmente de entender qué espacios y propuestas ofrecen una educación de calidad debe ser una prioridad para el Estado, para ambos modelos educativos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir arriba